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MANIFIESTO DE LA RED CIUDADANA POR LA IGUALDAD

25 Organizaciones sociales y políticas de Madrid España, al igual que otros países de la Unión Europea, está viendo un endurecimiento de las leyes y políticas de inmigración, con la disculpa de frenar el aumento de la xenofobia y el racismo entre la población. Pero lo cierto es que esas políticas han potenciado el crecimiento de esas actitudes racistas y xenófobas.

Ante esta situación que se agrava día a día y que perjudica la convivencia ciudadana y los Derechos Humanos, las organizaciones de inmigrantes, sociales, sindicales y políticas que constituimos la Red Ciudadana por la Igualdad queremos transmitir a la sociedad nuestra reflexión respecto al hecho de las migraciones y proponer otras políticas de integración que deberían aplicarse en las sociedades de acogida.

1- La realidad migratoria, constante en la historia de la humanidad, es inseparable del contexto internacional. El "capitalismo global" ha supuesto enormes beneficios para el capital financiero y las grandes corporaciones, pero ha provocado la pobreza de millones de personas, privándoles de los medios de vida más elementales. Y junto a la pobreza, las dificultades para la implantación efectiva de los DD. HH y su violación sistemática, son otro factor desencadenante de la migración forzada de gran parte de la población de los países menos desarrollados. Por lo tanto, denunciamos ese sistema económico mundial que está abriendo una brecha cada vez más profunda entre países ricos y pobres, y apoyamos las propuestas que pretenden corregir esa injusticia histórica.

2- Las políticas de inmigración que se están practicando en la U.E. pretenden convertir a Europa en una "fortaleza". Lo que importa es el control de las fronteras, las dificultades de acceso a la entrada y al procedimiento de asilo y las facilidades para la expulsión de los que ya están aquí, etc. La convivencia en igualdad y respetando las diferencias no interesa. A pesar de las leyes cada vez más restrictivas y los constantes blindajes de fronteras, los inmigrantes siguen llegando, entre otros factores porque nuestra economía los está demandando. Denunciamos la hipocresía del gobierno español que, mientras declara querer fomentar la inmigración "legal", cierra en la práctica todos los cauces e "ilegaliza" a las personas que quieren venir, y también a otras que ya llevan en España varios años. Y proponemos una nueva política y legislación, con los objetivos principales de canalizar la entrada por vías legales, el reconocimiento de derechos y la integración social de las personas inmigradas.

3- Es un hecho que la inmigración supone importantes beneficios demográficos, económicos y culturales para España. Los inmigrantes, sea cual sea su situación administrativa, contribuyen al Estado del Bienestar del país de acogida. Pero considerar el fenómeno de la inmigración sólo desde el punto de vista del interés de los países ricos nos parece inaceptable. Esa perspectiva "utilitarista" de la inmigración que hoy prevalece conduce a aberraciones como que se utilice a los inmigrantes cuando hacen falta y se les expulse cuando su trabajo ya no es necesario o no es competitivo, incluso cuando se quedan en paro.

4- Una política migratoria que considere al inmigrante como un ser humano, y no como mera mercancía, tiene que basarse en el reconocimiento previo de sus derechos. Creemos que la ciudadanía, y los derechos que conlleva, debe dejar de estar vinculada a la nacionalidad y reconocerse a cuantas personas convivan de manera estable en un territorio. Una vez en España, los inmigrantes que hayan entrado de forma irregular deben ser reconocidos por la Administración en su condición inalienable de seres humanos, sujetos de derechos fundamentales civiles, sociales y culturales, con especial atención a los derechos de las mujeres inmigrantes y sus hijos. Y, al menos, los residentes permanentes deben ver reconocidos sus derechos políticos, empezando por el sufragio activo y pasivo, pues es una condición necesaria para una verdadera inclusión social.

5- Lejos de facilitar la convivencia con ese reconocimiento de derechos, el gobierno del PP está llevando a cabo una auténtica campaña de "criminalización" de los inmigrantes, a quienes se vincula con el aumento de la delincuencia, con la colaboración de algunos medios de comunicación. Queremos denunciar que esa criminalización de los inmigrantes pretende precisamente lo que consigue: extender la xenofobia entre la población española, para así legitimar las políticas de acoso y discriminación contra los trabajadores extranjeros y los inmigrantes más desfavorecidos, y pescar los votos que en otros países van a parar a la extrema derecha.

6- Esa campaña de identificación de la inmigración con la delincuencia es sólo uno de los aspectos del Racismo Institucional que caracteriza a la política de inmigración española. Racismo institucional que es evidente en una Ley de Extranjería discriminatoria y represiva, pero que también se puede detectar en las prácticas administrativas: inadmisibles trabas para obtener y renovar los permisos de trabajo y residencia, retrasos y arbitrariedades en las regularizaciones, procesos de expulsión sin garantías legales, etc. Y también en los recortes de gastos sociales que, por un lado, dificultan la integración social de los inmigrantes y, por otro, empeora las condiciones de vida de la población autóctona, fomentando la conflictividad social. De ese modo, el racismo institucional tiene unos efectos directos en el aumento de la xenofobia entre la población española.

7- La vulnerabilidad y la imposibilidad de regularización que sufre una parte importante de la población inmigrante tiene como consecuencia que un sector del empresariado se aproveche para imponer la sobreexplotación y llevar a cabo prácticas discriminatorias en la contratación, excluyendo a los trabajadores más organizados y reivindicativos, ante la falta de actuación de la Administración. La lucha contra la precariedad laboral y la sobreexplotación de los trabajadores inmigrantes debe ser un objetivo del conjunto de la clase trabajadora, tanto autóctona como extranjera. Las denuncias de explotación laboral que realicen los trabajadores inmigrantes ante la Administración deben conllevar la regularización de los denunciantes y la consolidación de su puesto de trabajo, eliminando los riesgos de expulsión.

8- La actual política de extranjería es una fuente de conflicto social, de xenofobia y de pérdida de libertades para todos.

La Red Ciudadana por la Igualdad quiere manifestar su más firme rechazo a esa política y denunciar la vigente Ley de Extranjería. Frente a ello, exigimos una política realista y solidaria que permita la llegada de trabajadores inmigrantes y sus familias sin que tengan que acudir a los cauces irregulares. Una política que abra vías legales para la regularización de las personas que ya viven en España, que reconozca sus derechos de ciudadanía y que promueva activamente su integración social, apostando por unos Servicios Públicos de calidad que no discriminen ni a autóctonos ni a inmigrantes. Para conseguir esa política, la lucha común de los inmigrantes y de los españoles que desean una sociedad plural y democrática es una necesidad insoslayable. La Red Ciudadana por la igualdad se solidariza con todas las iniciativas desarrolladas por los inmigrantes en defensa de sus derechos, y llama a la movilización social para hacer efectiva entre todos una convivencia solidaria en igualdad.

RED CIUDADANA POR LA IGUALDAD: ACPP, ACSUR Las Segovias , AESCO, AICODE, ATIME, ATTAC MADRID, CCOO Madrid, CEAR, CEDEHU, CIMECI, Derechos para Tod@s, FAPA "Giner de los Ríos", Federación Mujeres Progresistas, Federación Rg. de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), Hijos de Inmigrantes Sâbabia, Izquierda Unida Madrid, Juventudes Socialistas, Liberación, MPDL, Rumiñahui, SOS Racismo, UGT Madrid, USO, VOMADE, Xenofilia-Lavapiés