Movimientos indígenas han convocado numerosas manifestaciones en Ecuador contra las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, cuya ronda final está prevista para el 23 de marzo próximo en Washington. Además, demandan la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Por Eduardo G. Tamayo
ALAI

“Las diferentes comunidades y pueblos tenemos una decisión firme, estamos pidiendo que el gobierno no firme el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque no es justo que se dé las espaldas al pueblo ecuatoriano y que por el interés de 200 personas se entregue la soberanía del país”. Son palabras de Jorge Herrera, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, una de las organizaciones que desde el 13 de marzo participó activamente en las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que se extendió a nueve provincias del país.

Demostrando que ha recuperado y mantiene la fuerza y la capacidad de convocatoria intactas – que algunos creían debilitadas- , el movimiento indígena mantuvo bloqueadas las carreteras de la región centro- norte de la Sierra ecuatoriana, provocando la paralización de las actividades económicas y comerciales. A mediodía de este jueves (16), el movimiento indígena de la provincia de Cotopaxi, 60 kilómetros al sur de Quito, suspendió momentáneamente el paro, advirtiendo que se iniciará un levantamiento si persiste la intención de firmar el TLC. En otras provincias el paro se mantiene hasta que la CONAIE decida cómo continuar la lucha. En Quito, grupos estudiantiles e indígenas efectuaron manifestaciones contra el TLC, mientras un centenar de campesinos se encuentran tomados la Catedral, a pocos metros del Palacio de Gobierno.

La movilización indígena y popular puso nervioso al Presidente Alfredo Palacio, sobre todo porque la CONAIE le advirtió que “si firma el TLC, se irá a su casa”. Para tratar de ganar apoyo, Palacio se reunió con los presidentes de las otras funciones del Estado, mientras ordenó mano dura para contener las movilizaciones. Varios heridos y contusos causó la acción represiva de las Fuerzas Armadas y de la Policía que utilizaron bombas lacrimógenas y balas en contra de comuneros pobres que protestaban en las carreteras. A consecuencia de estas acciones, se registró decenas de detenidos y heridos, incluyendo al joven indígena Alberto Cabascango, quien perdió su ojo izquierda por el impacto de una bomba lacrimógena.

Además de la suspensión de las negociaciones del TLC con Estados Unidos, cuya ronda final está prevista para el 23 de marzo próximo en Washington, el movimiento indígena ecuatoriano demanda la convocatoria a una Asamblea Constituyente y que el Estado ecuatoriano ponga fin al contrato con la empresa transnacional estadounidense Occidental Oil and Gas Corporation (más conocida como OXY), a la que se acusa de haber transferido el 40% de sus acciones a la empresa canadiense ENCANA sin autorización del Ministerio de Energía y Minas y de otras violaciones a la ley. La OXI mantiene una producción de aproximadamente 112 mil barriles diarios. Al declararse la caducidad de este contrato, el Estado obtendría un ingreso anual de más de 1000 millones de dólares.

En la tarde del 15 de marzo, el Presidente Palacio aseguró a los periodistas que “prefiere renunciar a decir que no vamos a negociar el TLC”. Y en la noche, en una cadena de radio y televisión, afirmó que el caso de la OXI “es un problema jurídico y debemos responder a él en derecho, lo cual significa garantizar el interés nacional”. Al mismo tiempo, acusó a la CONAIE de desestabilizar el país y de pretender la disolución nacional y de las instituciones.

La organización indígena rechazó las afirmaciones presidenciales, señalando que las “movilizaciones tienen por objetivo defender la soberanía nacional y permitir la democracia en la toma de decisiones tan fundamentales como el Tratado de Libre Comercio”. La CONAIE pide la convocatoria a una consulta popular sobre el TLC y mientras se consulta al pueblo “se informe de todo aquello que ha sido negociado hasta el presente, eliminando las cláusulas de confidencialidad y abriendo un debate transparente sobre las reales consecuencias de este tratado”.

Contramarcha empresarial

El tema del TLC ha polarizado las posiciones. Los empresarios que se beneficiarán con este tratado presionan al gobierno de Palacio para que cierre las negociaciones, mientras llaman a declinar las protestas. Estos sectores son: los floricultores, fruticultores, plastiqueros, textileros, atuneros, quienes han convocado a una contramarcha a favor del TLC prevista para el 17 de marzo en Quito.

Los grandes empresarios, apoyados por los medios de información, han lanzado una ofensiva propagandística en la que alaban las “bondades” del TLC y amenazan con terribles consecuencias para el país si éste no se firma, una vez que ya lo han hecho Colombia y Perú. Según los empresarios, por poco el TLC abre las puertas del paraíso pues los “jóvenes tendrán mejores oportunidades de acceder al empleo”, los “consumidores tendrán acceso a mejor calidad y menor precio a los productos”, “el Ecuador tendrá que cumplir con los derechos de los trabajadores y erradicar el trabajo infantil”, según reza la circular Nº 33 de la Cámara de Industriales de Pichincha.

Muchos, sin embargo, no comparten la visión de las elites para las cuales los problemas se solucionan con más recetas de “libre mercado” y más neoliberalismo. Basta ver los graffitis contestatarios escritos en las paredes de Quito referidos al TLC: “Tiempo de Lagrimas Campesinas”, “Tengo La Camisa negra”, “¿Te Lo Crees?”, “To kill Latin Contries”. “Tratado de Libre Colonización”.

Al anunciarse el posible cierre de las negociaciones del TLC, crece la preocupación y reacción de los sectores sociales que serán afectados por el mismo. La CONAIE ha manifestado que la firma del TLC significará la destrucción de la producción agrícola del país, y particularmente de más de tres millones de campesinos que desaparecerían con la introducción de productos agrícolas subsidiados y transgénicos. Otra amenaza es la privatización de las fuentes de agua, ubicadas en los páramos y en las circunscripciones territoriales indígenas de la amazonía. Así mismo, con el TLC, la precaria atención de salud de los ecuatorianos se verá agravada por el encarecimiento de las medicinas y la desaparición de los medicamentos genéricos.

La salida democrática para encontrar un camino de solución ante un problema como el TLC, donde hay posiciones tan encontradas y disímiles, parece ser la convocatoria a una consulta popular para que sea el pueblo el que decida en las urnas. Sectores del Congreso se han pronunciado en este sentido, pero los empresarios y los negociadores del gobierno no quieren saber nada de consultas. ¿Se impondrá el interés de las 200 personas de las que habla el indígena Jorge Herrera? ¿O el TLC será derrotado?

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