Por ACSUR-Nicaragua

El aborto terapéutico fue establecido en Nicaragua en 1893, como una excepción para salvar la vida de las mujeres cuyo embarazo supusiera un riesgo, y así quedó establecido en el artículo 165 del Código Penal vigente.

El día 26 de octubre, tras 113 años de vigencia, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional aprobaron, con 59 votos a favor y ninguno en contra, la derogación de este artículo del Código Penal. Votaron a favor de la derogación tanto los diputados y diputadas liberales como los del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Nicaragua pasa así a formar parte del selecto grupo de países que penalizan el aborto terapéutico, solamente 9 de los 195 países del mundo. Tanto la mujer como el personal médico implicado podrá ser condenado a penas de entre 1 y 10 años de prisión,

Esta trascendental decisión no solamente fue tomada sin ningún tipo de consulta ciudadana, sino además por un procedimiento de urgencia, faltando solamente 10 días para las elecciones generales en el país.

Tras una marcha "pro-vida" celebrada en la capital del país a principios de octubre, la jerarquía católica y las iglesias evangélicas fueron recibidas por el pleno de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ante la cual introdujeron la propuesta de ley para la eliminación del aborto terapéutico, con penas de hasta 30 años de prisión.

El presidente en funciones de la Junta se comprometió a enviar por trámite de urgencia la propuesta para que fuera dictaminada por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Cinco días más tarde, con la firma de 6 integrantes de la Asamblea Nacional, fue enviado el anteproyecto de ley a la Comisión de Justicia, a la que se dio un término de 10 días para emitir su dictamen. La Comisión se pronunció en este plazo a favor de la eliminación del artículo 165 del Código penal y seguidamente entró en la agenda de la Asamblea Nacional.

No solamente las organizaciones de mujeres y la sociedad civil no fueron escuchadas antes de la sesión parlamentaria, sino también la propia Ministra de Salud, que se posicionó en contra de la reforma de la ley, dijo textualmente "No puede ser que a los médicos se les trate como criminales cuando están tratando de salvar la vida de una mujer".

Gran parte de la comunidad internacional presente en Nicaragua, entre ellos el Sistema de Naciones Unidas, el Relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Delegación de la Comisión Europea y gran parte de los países con presencia diplomática, entre ellos España, emitieron un comunicado en el que expresaban su preocupación por el procedimiento seguido, solicitando un aplazamiento de la decisión, para "consultar, dialogar y hacer una reflexión profunda y no apresurada, antes de la decisión final".

Ninguna consideración ha sido tenida en cuenta. La carta enviada por los representantes de la comunidad cooperante fue catalogada como una "injerencia de los diplomáticos de países libertinos" por el diputado liberal Wilfredo Navarro.
La penalización del aborto terapéutico ha sido calificada como una "condena de muerte" para las mujeres y niñas de escasos recursos cuyas vidas corren peligro por embarazos muchas veces producidos por violaciones. Un gran número de organizaciones de mujeres y de la sociedad civil han expresado su rechazo e indignación ante esta decisión y ante la forma en que ha sido tomada, señalando que están dispuestas a presentar recursos de inconstitucionalidad, y a llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La derogación de este derecho es un duro golpe para la ciudadanía nicaragüense, y además se ha dado en un contexto electoral que causa gran controversia, faltando solamente unos días para unas elecciones generales que pueden suponer cambios importantes en la escena política del país.

Los partidos de la derecha del espectro político (PLC y ALN) se han manifestado claramente contra cualquier tipo de aborto, incluso el terapéutico, pero también la supuesta izquierda del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha votado sin dudar por derogar un derecho establecido hace más de 100 años. El grupo político que sí se ha pronunciado en contra de derogar el aborto terapéutico es la Alianza MRS (Movimiento de Renovación Sandinista).

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