Numerosas organizaciones sociales, entre ellas ACSUR-LAS SEGOVIAS, han enviado una carta al presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, en la que piden que retire su apoyo al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) "hasta que no cesen con las políticas dañinas para los pueblos del Sur y para el planeta" y proponen una reforma profunda de las mismas.

Además, exigen al Gobierno que "informe a la ciudadanía sobre el posicionamiento defendido en las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional", ya que tradicionalmente se ha mantenido un "silencio absoluto". En este caso concreto, se le solicita información acerca de las reuniones anuales mantenidas los días 19 y 20 de septiembre en Singapur.

Asimismo, piden al Gobierno español que respalde una reforma de ambas instituciones financieras que garantice procesos transparentes en las elecciones internas y un reparto de votos justo -que pondera el peso demográfico de cada uno de los estados miembros- que reduciría el peso de los países ricos.

Estas organizaciones denuncian que la nueva estrategia de Gobernabilidad y Anticorrupción esté siendo elaborada por el Banco Mundial, una institución, según señala el comunicado, es "responsable en el fomento de la corrupción". "El BM no puede ser juez, jurado, fiscal e implicado en la lucha contra la corrupción" y tampoco el FMI, que es "responsable de corrupción y fuga de capitales", afirman.

Se pide, también, que las políticas para luchar contra la pobreza estén diseñadas por los propios protagonistas, ya que el BM y el FMI han obligado a muchos países a "emprender dolorosos procesos de liberalización de sus economías" y sobreexplotar sus recursos naturales.

"Tanto el BM como el FMI tienen una enorme responsabilidad en la generación y perpetuación de la crisis de la Deuda Externa de los países del Sur", señala la misiva, y exige que se reconozcan y anulen las llamadas deudas odiosas o ilegítimas, que fueron contraídas de manera ilegítima o de manera irregular.

Por todo ello, las organizaciones firmantes piden al Gobierno español que

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