Por Ana López Pisano (ACSUR México)

Uno de los temas que se ha situado en primera línea del debate público nacional desde el mes de febrero y que continuará debatiéndose en el Congreso de la Unión de Estados Mexicanos durante el próximo mes de agosto, es la iniciativa de Reforma Energética planteada por el gobierno de Felipe Calderón.

Pemex es la "joya de la corona" de México: constituye la primera fuente de divisas del país, generando un porcentaje importante de los recursos nacionales, pero también es una de las petroleras más endeudadas del mundo y, si bien las exportaciones de Petróleos Mexicanos se incrementaron en 10% durante 2007, la producción de hidrocarburos tuvo una caída de 5.5%, debido, entre otras razones, a la declinación natural de uno de sus yacimientos más importantes (Cantarell).

La Reforma que el PAN (Partido de Acción Nacional) plantea supondría la apertura de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos -PEMEX- (nacionalizada en 1938 por Lázaro Cárdenas) al capital privado en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y petroquímicos básicos; la creación de bonos ciudadanos y la ampliación de su autonomía de gestión.

Se presenta esta reforma como la única vía posible para modernizar PEMEX y sacarla de la crisis en la que se encuentra sumida desde hace años. Dicha propuesta ha generado un movimiento político y social de resistencia, formado por el PRD (Partido de la Revolución Democrática), el FAP (Frente Amplio Progresista) intelectuales y amplios sectores del movimiento social, que califican la iniciativa anticonstitucional (viola el art.27, por el cual no se pueden otorgar concesiones ni contratas en materia de petróleo e hidrocarburos) y denuncian que en realidad se trata de una nueva forma de avanzar en el camino de la privatización de Petróleos Mexicanos SA.

En febrero, Andrés Manuel López Obrador (ex-candidato a la presidencia por el PRD) lideró la formación del "Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo", que desde entonces ha desarrollado una campaña de información a escala nacional y ha promovido la organización de círculos de análisis y la generación de propuestas de acción para la resistencia civil pacífica.

Desde los sectores de oposición a la reforma panista se alega que la situación actual de Pemex es producto del espolio indiscriminado y de las prácticas corruptas a las que se ha visto sometida la paraestatal y que le han privado de la inversión necesaria para permitir su modernización. Como ejemplo ilustrativo sirve la declaración del maestro José Luis Apodaca Villarreal, experto en cuestiones energéticas: "en 2007 los ingresos de Pemex sumaron 100 mil millones de dólares y representaron 12.5% del PIB; de ese monto, la paraestatal gastó 40 mil millones: 11 mil en operación; una cantidad igual en gastos de inversión, para amortizar obras y pagar intereses sobre créditos recibidos; y 18 mil en importación de gasolinas. Los 60 mil millones restantes se transfirieron al gobierno federal para cubrir gasto social y nómina de la burocracia".

Así se considera necesaria la reforma de la industria energética mexicana, pero no en la línea de la privatización, sino buscando la implementación de medidas que generen desarrollo y empleo dentro del país, la inversión en investigación científica y tecnológica, la diversificación apostando en la línea de las fuentes de energía alternativas y la adopción de medidas que combatan la opacidad, la corrupción y la impunidad existentes, mediante una cultura de rendición de cuentas y cero tolerancia a conductas indebidas.

Como forma de dar cauce a la controversia pública que se ha generado a raíz de la propuesta calderonista, en nueve estados de la República Mexicana se llevo a cabo el pasado 27 de julio la "Consulta Ciudadana sobre la Reforma Energética". En ella se realizaban a los ciudadanos y ciudadanas dos preguntas:

1. "Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo que en esas actividades puedan participar empresas privadas?"
2. "En general, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?"

La participación ciudadana fue irregular, siendo más elevada en el Distrito Federal, pero los resultados expresan de forma contundente que un porcentaje importante de la población rechaza la reforma tal cual ha sido planteada por el PAN: La primera pregunta obtuvo 5% de respuestas en favor, 93% en contra y 2% anuladas. En favor de la segunda se manifestó 7% de los y las participantes, 91% en contra y hubo también 2% de anulaciones.

En estos momentos los "partidos fuertes" se encuentran inmersos en la elaboración de sendas propuestas de reforma y parece que la vía de la negociación ha sido la escogida por todos ellos. Así pues, los acuerdos que se tomen en el próximo mes serán de crucial importancia para el futuro de la soberanía energética de la República.