Protestas contra el Gobierno ilegítimo de Honduras un año después del golpe

"Queremos denunciar la impunidad que sigue vigente un año después del golpe de Estado", denunció Carmen Pellicer, portavoz de ACSUR-Las Segovias una de las organizaciones convocantes del acto celebrado en la mañana del lunes ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Durante el acto, en el que también participaron grupos como ATTAC, Ecologistas en Acción, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Enlazando Alternativas, Izquierda Anticapitalista o Izquierda Unida, se colocaron una decena de siluetas de papel en el suelo en representación de las casi 50 víctimas de la represión posterior al golpe de Estado.

Desde la posesión como presidente de Porfirio Lobo Sosa, el pasado 27 de enero, las organizaciones de Derechos Humanos de Honduras han notificado el asesinato de, al menos, ocho periodistas y más de 700 violaciones de derechos humanos, entre ellas: amenazas, atentados, secuestros y ataques contra medios de comunicación independientes. Sin emargo, el régimen actual no reconoce a estas víctimas, que el Estado hondureño trata de camuflar, según denuncian estas organizaciones civiles, como víctimas de la violencia común.

También se desplegó una pancarta con el lema "Contra la impunidad en Honduras" y se entregó una carta dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de turno de la UE hasta el jueves día 1, y a la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad Común, Catherine Asthon.

En la misiva, las organizaciones firmantes exigen "una posición más firme" de la Unión Europea que contribuya "al completo restablecimiento de la institucionalidad democrática en Honduras, para que cesen la impunidad y las graves violaciones de Derechos Humanos que se siguen perpetrando".

Asimismo, denuncian que "los golpistas que controlan el poder judicial siguen desafiando no sólo los intentos de reconciliación nacional, también a la comunidad internacional que ha reclamado el reintegro de los jueces y la magistrada despedidos el pasado 5 de mayo", por, sostienen, oponerse al golpe de Estado.

En concreto, piden a la UE que especifiquen qué programas de cooperación suspendidos tras el golpe han sido restablecidos, con qué condiciones y si incluye el programa de ayuda para la Policía hondureña, supuestamente implicada en la represión contra el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado.

El martes por la tarde se celebró una concentración frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Estas movilizaciones con motivo del golpe de Estado se están repitiendo, no sólo en Honduras, sino en otros muchos países para recordar a las víctimas y denunciar que "la impunidad no ha cesado" y que "de una forma u otra se está legitimando al nuevo presidente hondureño, Porfirio Lobo".

Mientras, en el país centroamericano continua la represión. Hace unas horas, organizaciones sociales hondureñas denunciaron la detención sin cargos de la activista Bertha Cáceres. Según fuentes de compañeras que la acompañan en La Esperanza, el policía que la abordó, le dijo que la detenía porque "quería y que él era la autoridad". Cuando Bertha le respondió que esas cosas no iban a pasar cuando en Honduras se diera la Constituyente, el policía amenazó con golpearla.

Ahora Bertha, junto a otro dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) detenido en la ciudad de La Esperanza en horas de la tarde, se encuentra en prisión, algo que las organizaciones de la sociedad civil hondureña señalan como una parte de la campaña de hostigamiento e intimidación contra los integrantes, líderes y mujeres de la resistencia.

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