Organizaciones sociales guatemaltecas presentan una propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas

Organizaciones indígenas y campesinas de Guatemala demandaron al Congreso de su país, el pasado 30 de marzo, la aprobación de una ley que garantice el pleno ejercicio de los derechos de sus pueblos, como el acceso a la tierra, a la educación y a la justicia, derechos que no están actualmente regulados o bien no se implementan.

La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) convocó una marcha pacífica, en la capital, al término de la cual las organizaciones entregaron al Congreso, para su análisis y aprobación, la iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas, “para que se ponga fin a la exclusión, la discriminación y el racismo, y que se garantice el derecho de igualdad de estos sectores”, expresó Ricardo Sulugui, de la Defensoría Maya (DEMA).

Esta marcha coincidió con el 14 aniversario de la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito entre el Gobierno y la entonces guerrilla en el marco de las negociaciones de paz, que pusieron fin al conflicto armado interno el 29 de diciembre de 1996. El contenido de este Acuerdo, firmado hace 14 años, y que establece el respeto a todos sus derechos, "ha quedado en letra muerta" porque la situación de los pueblos mayas está peor que entonces: siguen siendo excluidos de los planes gubernamentales.

El proyecto de ley ha sido elaborado por CONIC, DEMA, la Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ) y el Centro para la Acción legal en Derechos Humanos (CALDH), tras dos años de consultas a líderes y lideresas de pueblos indígenas: “Llevamos trabajando dos años en este proyecto, que surge a partir de las necesidades que no han sido cubiertas desde la normativa que existe en Guatemala, es necesario retomar los artículos que están en la Constitución, y que se contemplen varios aspectos que hasta ahora no se han tenido en cuenta”, explicó Juana Batzibal, encargada de incidencia del programa de derechos de los pueblos indígenas de CALDH.

El texto persigue implantar el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos, el derecho de acceso a la tierra, a la justicia, a la educación y a la salud, seguridad y soberanía alimentaria y el reconocimiento de la medicina tradicional de los mayas que, según el último censo de 2002, constituyen el 42 por ciento de la población. También se ven reflejados en la propuesta el respeto a la identidad, espiritualidad, autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, la participación política y la lucha contra el racismo y la discriminación.

Según las cuatro organizaciones, la aprobación y vigencia de la Ley que plantearon al Congreso "responde a las demandas de los pueblos indígenas para que el Estado haga viables los procesos de desarrollo y observe y respete nuestros derechos, cosmovisión y garantías constitucionales".

"Hoy nuestros pueblos viven en constante riesgo y amenaza pues hemos sido violentados en proporciones inimaginables debido a la construcción de industrias hidroeléctricas, de cementos, madereras y mineras que nos han despojado nuestras tierras", aseguraron en un comunicado los colectivos indígenas y campesinos.

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