De forma reiterada, desde diversas instancias nacionales e internacionales, se ha denunciado la falta de respeto del Derecho internacional por parte de Israel hacia el pueblo palestino, así como las graves violaciones del Derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario ordenadas y cometidos por miembros del gobierno y del ejército israelí. Si hacemos un balance histórico de esta situación, podemos asegurar que muchas de estas vulneraciones no se habrían producido sin contar con las complicidades de determinados Estados y de otros actores de la Sociedad internacional. Podemos constatar que este silencio -o, mejor dicho, crimen del silencio- conlleva una clara omisión del papel de garantes de aquellos a quienes les corresponde velar por el respeto de la legalidad internacional. Si bien contamos con un ordenamiento jurídico internacional que nos facilita la tarea de poder identificar las vulneraciones cometidas por parte de las autoridades israelíes hacia la población palestina, nos faltaba un Tribunal al que poder acudir para denunciar dichas violaciones. Demasiado a menudo, por no decir casi siempre, las declaraciones políticas de condena no han ido acompañadas de exigencia de responsabilidades jurídicas. En rigor, la falta de un Tribunal donde hacer efectivas estas responsabilidades obedece a varias razones: En primer lugar, el Tribunal Internacional de Justicia, máximo órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, no tiene competencia para juzgar estas violaciones ya que Israel no ha aceptado su jurisdicción y, aunque Palestina fuera oficialmente reconocido como Estado, la incoación de esta vía dependería de la voluntad israelí. En segundo lugar, de momento, no se puede juzgar a las personas responsables, directas o indirectas, de los diversos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población palestina ante el Tribunal Penal Internacional, ya que Israel no ha ratificado su Estatuto y, hasta que no se le reconozca plenamente la condición de Estado, aún a su pesar, Palestina no podrá ser parte del Estatuto de Roma. En tercer lugar, es de público conocimiento que los tribunales internos israelíes se niegan a depurar estas responsabilidades individuales alegando que son consecuencias de acciones realizadas para defender la seguridad del Estado y para hacer frente a la lucha contra el terrorismo, otorgando una total impunidad a los responsables de estas violaciones. Y, en cuarto lugar, una puerta que quedaba aún abierta, al menos en España, era la jurisdicción universal, pero mediante un gran pacto de Estado, entre los dos partidos políticos mayoritarios, a instancias del gobierno socialista y bajo presiones de autoridades extranjeras, esta posibilidad fue recortada y desnaturalizada, mediante la reforma, de noviembre de 2009, del artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las anteriores constataciones nos conducen a una clara reflexión: teníamos y tenemos el Derecho pero nos faltaba el Tribunal. Por ello, para hacer frente a esta voluntaria invisibilización de las víctimas y ante este vacío jurisdiccional, ha sido necesario recuperar el espíritu del primer Tribunal Russell, que se celebró en 1967, para investigar los crímenes de guerra cometidos en Vietnam. Después vinieron otros y luego, por fin, el Tribunal Russell sobre Palestina.

Este fin de semana, se celebrará en Ciudad del Cabo (Sur-África) su tercera sesión; después de analizar en Barcelona las omisiones y la connivencia de la Unión Europea y de sus Estados miembros con las políticas israelíes; en Londres, las complicidades de las empresas transnacionales que apoyan las políticas del Gobierno israelí contrarias a las normas internacionales de derechos humanos; ahora, en su tercera sesión, se tratará de determinar si las políticas y prácticas israelíes son constitutivas de un crimen de Apartheid de conformidad con el Derecho internacional consuetudinario o con la Convención contra el Apartheid de 1973. No está de más señalar que quienes componen el jurado de este Tribunal de opinión son personas de reconocido prestigio intelectual que, se destacan por su posicionamiento en favor de la defensa de los Derechos humanos y de la vigencia y aplicación del Derecho internacional. El Tribunal Russell sobre Palestina abre la puerta a una nueva iniciativa que nos recuerda que siempre se pueden emprender medidas contra la injusticia mediante la movilización de la sociedad civil. Se podrá decir que las conclusiones que emanen del Tribunal Russell sobre Palestina no tendrán valor jurídico obligatorio -que no quiere decir que no tenga valor jurídico- pero como recordó en su momento Julio Cortázar, miembro del jurado en una de las anteriores sesiones del Tribunal Russell, "la verdadera eficacia, la fuerza más auténtica del Tribunal Russell no reside en el efecto inmediato y circunstancial de sus reuniones, sino en el trabajo de información universal que se pueda llevar a cabo sobre la base de lo que se diga durante sus sesiones. No se debe confundir el procedimiento propio del Tribunal con las repercusiones morales y políticas que puede tener su sentencia. Si bien las sesiones son públicas, la capacidad de una sala es insignificante en relación a los millones de personas para las que la acción y las conclusiones del Tribunal Russell tienen importancia". Estamos hablando del Tribunal del pueblo, del Tribunal de la sociedad civil internacional, incluyendo voces críticas dentro de la sociedad civil israelí, que ya ha perdido el miedo de llamar las cosas por su nombre: existencia de graves violaciones del Derecho internacional y graves complicidades de los Estados y otros actores internacionales que vulneran el principio del respeto de la dignidad humana del pueblo palestino y que pueden constituir un crimen de Apartheid. Hablamos de una sociedad civil internacional que defiende el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, dice no a la impunidad, pide que se juzguen los crímenes contra la Humanidad, y también pide que se reparen las graves violaciones de los Derechos humanos y del Derecho internacional humanitario. En definitiva, una sociedad civil internacional que exige pasar de las declaraciones a los hechos y que pide a sus gobiernos que entiendan que la lucha contra la impunidad exige que se haga efectivo el derecho a saber, a la justicia y a la reparación. Aquí y en Palestina.

Dr. David Bondia Garcia Profesor titular de Derecho internacional público (Universitat de Barcelona) Comité de apoyo en Barcelona del Tribunal Russell sobre Palestina: Coordinadora de Entidades APC Para seguir toda la actualidad del Tribunal y verlo en streaming: www.russelltribunalonpalestine.com

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