Ayer, medio millar de personas se concentraron en la Puerta del Sol para poner de manifiesto su oposición a la privatización del Canal de Isabel II a iniciativa de la Plataforma contra la Privatización del Canal y de las asambleas populares de barrios y pueblos del 15-M. Esta mañana, representantes de la plataforma han vuelto al kilómetro cero, en esta ocasión, para registrar las más de 35.000 firmas que finalmente han conseguido recabar contra la privatización del 49% de la empresa pública.

La presidenta del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció el 16 de septiembre de 2008 la privatización del 49% del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua de Madrid desde hace más de 150 años. La privatización se acordó sin el preceptivo debate parlamentario y se aprobó hurtando la participación de los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, la ya conocida ley escoba. Desde entonces, el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre ha actuado con la misma opacidad en el proceso de capitalización puesto en marcha, que podrá implicar la enajenación de hasta un máximo del 49% del capital de la sociedad a operadores económicos y ciudadanos, una actuación inadmisible toda vez que el agua potable y el saneamiento básico no constituyen una mercancía, sino un derecho humano esencial, tal como estableció la Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de julio de 2010. Más información