En muchas ocasiones, cuando miramos a la infancia vemos a las niñas y niños como seres frágiles que deben ser protegidos, olvidándonos que son sujetos de derecho y que son personas que necesitan desarrollar su autonomía e independencia para el futuro. Las niñas y niños tienen derecho a una educación y a un “normal desarrollo” y, sin embargo, en pleno siglo XXI estos derechos están más amenazados que nunca. Muy lejos estamos aún del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio que establecen que para el año 2015 la pobreza en el mundo se habrá reducido al 50% y que todas las niñas y niños del mundo habrán concluido un ciclo de educación primaria o que se habrá reducido en 2/3 la mortalidad infantil de niñas y niños menores de 5 años.

Casi 200 millones de niños en todo el mundo sufren desnutrición crónica, cuando actualmente en el mundo se producen alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de toda la población. Pero la pobreza infantil no es un hecho que conozca fronteras o divisiones entre países del Norte y del Sur. No podemos permanecer tranquilos cuando en el Estado español viven 8,2 millones de menores, de los que el 24% están en riesgo. Se trata de menores de 18 años que viven en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza marcado por la ONU (menos del 60% de la mediana de los salarios en cada país) y afecta a uno de cada cuatro niños (24%), según el informe ’La infancia en España 2010-211’, de Unicef. España es el segundo país con la tasa de pobreza infantil más alta de los 21 estados que pertenecen a la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE), solo superada por Portugal.

Este 20 de Noviembre se cumplen 52 años de la aprobación de la Convención de Derechos del niño por la Organización de Naciones Unidas. Además es el texto más ratificado de la ONU y en él se recogen los derechos básicos las niñas y niños. Gracias a la convención en su artículo 24 establece que todas las niñas y niños tienen derecho a una salud y servicios sanitarios mínimos, y en el artículo 28 garantiza que todas las niñas y niños tienen derecho a la Educación que será gratuita y obligatoria en las etapas elementales. Pero hoy más que nunca, estos derechos se encuentran vulnerados como nunca antes. Sufrimos la mayor hambruna de nuestra historia y los productos de alimentación básica se han convertido en objeto de especulación en un contexto de crisis económica y financiera mundial.

Pero ni en nuestra región podemos pensar que estos derechos están asegurados. Más del 30% del alumnado no termina una escolarización básica en Castilla-La Mancha y la situación no mejora con los recortes que se adoptado en educación con los que se ha vulnerado la calidad de la Educación que reciben nuestras niñas y niños y se pone en riesgo su continuidad en el Sistema Educativo. Además, en Castilla-La Mancha, unas 570 mil personas -28% del total de la población- tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. Una quinta parte de estas personas necesitan apoyos externos para subsistir y esto mismo compromete la capacidad de estas familias para ayudar a sus hijas e hijos y garantizarles un normal desarrollo.

Una sociedad que se olvida de su infancia, es una sociedad que hipoteca su futuro y que pone en riesgo su continuidad. Es por eso, que desde la Alianza Local Contra la Pobreza de Ciudad Real y ACSUR Castilla-La Mancha queremos recordar los derechos de la infancia hoy 20 de noviembre, para hacer un llamado a la sociedad, a los gobiernos y las instituciones púbicas para que no olviden sus compromisos y sus obligaciones para con la infancia y sus derechos, ya sea en el norte o en los países del sur, porque las niñas y niños son nuestra verdadera garantía de futuro.