Esta ley apunta directamente a defensores y organizaciones de derechos humanos que piden que la Unión Europea no conceda el Estatuto Avanzado a Túnez sin que haya avances reales en los derechos humanos y el estado de derecho. El gobierno tunecino esperaba obtener a bajo coste -sin reformas democráticas- el acceso de Túnez al Estatuto Avanzado con la UE. "Esta decisión liberticida constituye un flagrante ataque a la libertad de expresión, y se revela indiscutiblemente destinada a criminalizar las actividades de sensibilización sobre la situación de los derechos humanos en Túnez con organizaciones extranjeras" lamentó Souhayr Belhassen, presidenta de la Federación Internacional de ligas de los Derechos Humanos (FIDH).

Su aprobación tiene lugar pocas semanas después de que ACSUR-Las Segovias y la Red Euro mediterránea de Derechos Humanos (REMDH) organizaran una conferencia y varias actividades con eminentes defensores y defensoras de derechos humanos de Túnez. En esta ocasión, la actividad se vio perturbada por agentes del gobierno tunecino enviados para grabar la conferencia e impedir un debate sereno.

Incluso antes de la aprobación parlamentaria de la ley, los defensores y defensoras que habían participado en la actividad fueron objetivo de una campaña mediática de odio y difamación. A Sihem Bensedrine (portavoz del Consejo Nacional por las Libertades en Túnez), Khemais Chammari (REMDH, antiguo Vice-Presidente FIDH), Kamel Jendoubi (presidente de la REMDH), y Omar Mestiri (del Consejo Nacional para las Libertades de Túnez (CNLT) y periodista de Radio Kalima) se les llamó "traidores", "mercenarios" y "agentes del extranjero".

Numerosas organizaciones tunecinas e internacionales de derechos humanos han reaccionado ante la promulgación de esta ley contraria a las convenciones y pactos internacionales, en particular el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, ratificado par Túnez el 23 de marzo 1976. La FIDH, el Observatorio Mundial Contra la Tortura, la REMDH, la Red Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han publicado un comunicado en el que condenan la ley y piden su derogación, en cumplimiento de las convenciones internacionales. Reclaman también a la UE que condicione todo avance en la relación de asociación con Túnez a un progreso real en el cumplimiento de los derechos humanos, siguiendo las Líneas Directrices de la UE en este ámbito.

23 junio 2010

Documentos adjuntos

• Comunicado FIDH-OMCT-REMDH-RSF-AI-HRW en francés (Word - 39.5 KB)