ACSUR participa de forma activa en esta cumbre con la coorganización de diversos talleres en los que se pretende poner en común ideas y construir solidaridad “desde abajo” para enlazar políticas alternativas y crear caminos comunes hacia la justicia, la sostenibilidad y la igualdad. Feminicidio e impunidad en Centroamérica; Honduras: Hacia una asamblea popular constituyente bajo la democracia golpista. ¿El comercio por encima de los derechos humanos?; Impactos de la actividad de las empresas transnacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Guatemala, México, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina; y Relaciones UE - Cuba. La Posición Común Europea. Subordinación al imperialismo norteamericano, fueron los talleres con los que ACSUR abrió ayer su actividad en el marco de “Enlazando Alternativas IV”. A lo largo de esta mañana tienen lugar otros dos talleres: Frente a la crisis de derechos, propuestas desde la ciudadanía; y Derechos humanos en la cooperación, demandas de justicia y retos en la lucha contra la impunidad.

Por otro lado, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), cuyas sesiones están teniendo lugar en el marco de la cumbre alternativa, concluyó ayer sus sesiones y hoy, los jueces deliberarán a puerta cerrada sobre los numerosos casos presentados. Entre los encausados hay numerosas multinacionales españolas acusadas de violar los derechos de los pueblos o atentar contra el patrimonio ecológico. El TPP presentará sus conclusiones mañana lunes a las 11,00 horas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Una de las empresas juzgadas ha sido Unión FENOSA, por el saqueo a los bienes públicos en el sector de distribución y generación de electricidad, según señaló Dolores Jarquín, del Movimiento Social Nicaragüense y de la Alianza Social Continental. Dolores Jarquín denunció: “la actitud del Gobierno español al actuar como intermediario de un protocolo de acuerdo entre la multinacional y el gobierno nicaragüense” y añadió que este acuerdo impide a los ciudadanos demandar las prácticas abusivas de la empresa ante los tribunales.

La empresa pública Canal Isabel II también se encontraba entre las encausadas. Según Liliana Pineda, activista colombiana de Attac, esta empresa “tiene su base de operaciones en Colombia, desde la que expande sus negocios de privatización del abastecimiento de agua potable en Ecuador, Venezuela, México y otros países latinomericanos”. Asimismo, señaló que la privatización del abastecimiento de agua potable ha provocado un agudo descenso de la calidad del agua, junto con un aumento de los precios, que expulsan del acceso al agua potable a las personas más pobres.

Endesa fue acusada por “robar, con el apoyo de la dictadura de Pinochet, una parte sustancial del patrimonio hídrico del pueblo chileno, apropiándose incluso de ríos y de sus cuencas en el Sur de Chile”, señaló Juan Pablo Rego, de Ecosistemas Chile, quien añadió que la empresa española ha desarrollado una política extremadamente agresiva basada en megaproyectos hidroeléctricos en el Sur de Chile, en tierras del pueblo mapuche.

Por su parte, Repsol fue acusada de expoliar y degradar los territorios de las comunidades indígenas de los territorios en los que actúa. El testigo Diego Mansilla se mostró preocupado porque la “política de Repsol en Perú, pone en peligro la supervivencia de grupos indígenas en aislamiento como los Waorani, Tagaeri, Taromenane, Pananujuri, Arabela y Aushiris”. En Argentina, Martín Maliqueo, de la Confederación Mapuche de Neuquén, describió cómo Repsol YPF rompe la forma de relación de su comunidad, Lonko Purán, con la tierra y la biodiversidad. “No ha desaparecido la colonización; peor aún, ahora piensan en desaparecernos para apropiarse de nuestros recursos”, concluye Maliqueo.

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16 mayo 2010