El 28 de junio de 2009, las fuerzas armadas hondureñas allanaron la residencia presidencial y, a punta de pistola, detuvieron y expulsaron del país a Manuel Zelaya. La presidencia fue ocupada por el hasta entonces Presidente del Congreso Nacional de Honduras, Roberto Micheletti. Este golpe de Estado, orquestado para evitar que se llevara a cabo un referéndum que podría abrir la posibilidad a una Asamblea Constituyente, respondió a los intereses de la oligarquía hondureña: un amplio entramado de personalidades de la política, el ámbito diplomático, la judicatura, el mundo empresarial (propietarios en muchos casos de los mas importantes medios de comunicación del país), y las iglesias, y en el que todo apunta a que se realizó con el beneplácito de la Embajada de Estados Unidos.

Las organizaciones sociales y la sociedad civil hondureña reaccionaron con firmeza. Desde los primeros momentos se movilizaron pacíficamente a lo largo de todo el país frente al golpe de Estado y el ataque a la democracia que estaban sufriendo, así como para denunciar las numerosas violaciones de derechos humanos, especialmente contra las mujeres, que se estaban cometiendo por parte del gobierno golpista.

En noviembre de ese mismo año, bajo el régimen ilegítimo de Micheletti, se celebraron unas elecciones presidenciales, en las que salió electo Porfirio Lobo, con una abstención superior al 50% y en un proceso electoral no reconocido por la comunidad internacional y viciado por la militarización del país. Estas elecciones tampoco supusieron el fin de las violaciones de derechos humanos que desde los primeros momentos del golpe se vienen sucediendo en Honduras de manera sistemática: retrocesos democráticos, agresiones, amenazas e incluso asesinatos de personas pertenecientes a la resistencia hondureña y defensores de Derechos Humanos.

El número de personas muertas supera ya las cincuenta –entre ellas numerosos periodistas- y son cientos las que han huido del país buscando refugio en otros lugares ante los ataques de los que son víctimas. Según datos presentados recientemente por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Estado español ha recibido unas cien solicitudes de asilo de ciudadanas y ciudadanos hondureños. Casi la totalidad habrían sido admitidas a trámite.

Un grupo de estas ciudadanas y ciudadanos hondureños solicitantes de asilo participaran el próximo 28 de junio en algunas de las diferentes actividades de denuncia sobre la situación de Honduras tras el golpe que se celebrarán en numerosas ciudades del Estado español. Mientras, en Honduras, coincidiendo con el aniversario del golpe, tendrá lugar en Tegucigalpa la primera sesión de la Comisión de Verdad Alternativa, promovida por la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras.

18 junio 2010

Documentos adjuntos

• 5º Informe sobre Derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) (PDF - 402.8 KB)