Como “crimen de guerra” ha definido el juez del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín el ataque a la llamada “flotilla de la libertad” que pretendía romper el bloqueo a Gaza transportando 10.000 toneladas de ayuda humanitaria por mar y que fue asaltada por tropas israelíes en la madrugada del pasado 31 de mayo, con el resultado incierto de al menos nueve personas fallecidas y más de 30 heridas, así como cerca de 700 detenidas. El juez del Tribunal Supremo y miembro del Tribunal Russell sobre Palestina hizo estas declaraciones en el marco de una rueda de prensa convocada por el Grupo de ONG por Palestina de la Plataforma 2015, entre las que se encuentra ACSUR. Para Martín Pallín, el ataque a las vidas de civiles en aguas internacionales, así como la confiscación de sus bienes, pueden ser calificados como crímenes de guerra.
En la rueda de prensa, organizada para presentar las conclusiones de un seminario sobre Jerusalén Este que ha tenido lugar en Madrid, se encontraban junto a Martín Pallín: Manuel Espinar, presidente de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamaría y padre de uno de los tres activistas españoles que formaban parte de la flotilla; Naim Abu Teir, responsable de la coordinadora de ONG palestinas (PNGO); Jesús Nuñez, director del IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria); Carmen González, experta en derecho internacional; Enrique Santiago, director de IEPALA, miembro del Grupo de ONG por Palestina; el actor Alberto San Juan, miembro del Tribunal Russell; y la cantante Carmen París.
Los y las participantes en la rueda de prensa resaltaron la gravedad del ataque israelí contra este grupo de activistas de más de 700 activistas de al menos 40 nacionalidades diferentes, entre los que se encontraban una premio Nobel de la Paz de Irlanda del Norte, Mairead Corrigan, un escritor sueco, Henning Mankell o dos parlamentarias alemanas, y pidieron una investigación de los hechos por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, también coincidieron en resaltar que ésta es una más de las violaciones del derechos internacional y los derechos humanos que de forma constante y sistemática lleva a cabo Israel y que no han tenido ningún tipo de consecuencias por parte de la comunidad internacional.
Por ello, se mostraron firmes a la hora de demandar medidas contundentes contra Israel, especialmente por parte de la Unión Europea, a la que pertenecen un gran número de los y las activistas que formaban parte de esta flota. Medidas como la ruptura de los acuerdos comerciales preferenciales que Europa mantiene con Israel, así como la adopción de otra serie de sanciones económicas.
Alberto San Juan, que acaba de regresar de Gaza, leyó un comunicado de las ONG palestinas en el que destacan que la flotilla estaba “ejerciendo su derecho de navegar por aguas internacionales, rumbo a Gaza, transportando el tan escaso como necesario hormigón para construcciones (10.000 toneladas), juguetes, libros, alimentos y medicinas. Este derecho, recogido en los Convenios de Ginebra y que condena el castigo colectivo como un crimen contra la humanidad, es ilegalmente negado por Israel”. Asimismo, en el comunicado las ONG palestinas hacen un llamamiento a la sociedad civil internacional para que reclame a sus gobiernos “una respuesta global que haga asumir la total responsabilidad de Israel en el acto de piratería y asesinato de los civiles extranjeros que componían la misión humanitaria” y piden a “los gobiernos la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, el inicio de juicios por crímenes de guerra y la inmediata y efectiva protección internacional de población civil de Gaza, un millón y medio de personas”. Las penurias generadas por el bloqueo de Gaza por parte de Israel han sido bien documentadas por las organizaciones de derechos humanos, como recoge el comunicado de las ONG palestinas.
Por su parte, el representante de la sociedad civil palestina presentó las conclusiones del seminario que sobre Jerusalén Este se ha celebrado en Madrid los días 31 de mayo y 1 de junio. Naim Abu Teir destacó que el pueblo palestino está sometido a la violación de su derecho fundamental a la vida y a la vivienda y que la comunidad internacional tiene el deber de presionar a Israel para que cumpla dichas leyes internacionales y que el hecho de no mantener ese compromiso supone una responsabilidad directa de la comunidad internacional en la violación de derechos humanos perpetrados en Gaza.
Las ONG participantes en el seminario presentaron una nueva herramienta on-line para el seguimiento sistemático y en tiempo real de las violaciones de derechos humanos que comete Israel hacia civiles palestinos. Se genera así un observatorio desde Jerusalén Este, que con el nombre de Kanaan pretende crear una red de apoyo académico de solidaridad con Palestina que permita la adopción de acciones urgentes.

En Madrid, cientos de personas se reunieron en la tarde del 31 de mayo frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores para manifestar su rechazo frente al salvaje ataque israelí a la flotilla humanitaria y exigir al gobierno español, que ocupa la presidencia de la unión Europea, que se tomen medidas contra Israel por sus actos continuados de violación de los derechos humanos y el derecho internacional. También se celebraron actos de protesta en Barcelona, Valencia y otras ciudades del Estado español, así como en diversas ciudades de todo el mundo. Especialmente significativas fueron las protestas que tuvieron lugar en Turquía, país al que pertenecen la mayor parte de los y las activistas de la flotilla de la libertad y bajo cuya bandera navegaban los barcos atacados por Israel.
Otras noticias relacionadas y más información en el Blog de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamaría.
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