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El juez Andreu decide seguir investigando a Israel pese a la oposición de la fiscalía.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu seguirá con la investigación del ataque a la franja de Gaza en 2002 en el que murieron un líder de Hamás y 14 civiles, pese a la oposición de la fiscalía que pedía archivar la causa. El magistrado estima que la justicia española puede perseguir un delito de lesa humanidad y mantiene la querella contra los siete militares israelíes, afirmando en un auto notificado hoy, que no consta que Israel haya investigado los hechos y, aunque lo hubiera hecho, dada la naturaleza de los crímenes investigados (crímenes de guerra) la Convención de Ginebra otorga a la Audiencia Nacional la competencia para investigar el caso.

Las organizaciones y miembros de la sociedad civil, que el pasado 8 de abril publicaron en el diario Público un manifiesto de apoyo al principio de Jurisdicción Universal, expresan su alegría y satisfacción por la decisión del juez.

La Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA), acusación popular en el caso considera que la justicia española ha desenmascarado al poder arbitrario israelí y ha publicado la siguiente nota:

"El Auto del Juez, respondiendo a la petición de archivo de la causa por parte de la Fiscalia contra 7 militares israelíes, desvela que no existe, ni han existido procedimientos judiciales, dignos de ese nombre, en la ‘justicia israelí’ dado que forman parte del aparato militar y de ocupación israelí.

Los crímenes de guerra y de lesa humanidad que comete Israel hasta ahora han sido amparado por la ‘justicia israelí’, al igual que la tortura, el derribo de viviendas palestinas en Jerusalén y en los demás territorios ocupados, las expropiaciones de tierras, el Muro y los demás crímenes. El Tribunal Supremo israelí ha avalado todas las prácticas criminales de la ocupación, intentando dar un baño de legitimidad jurídica haciendo retruécanos de las normas jurídicas, la Convención de Ginebra y el derecho humanitario.

El Tribunal Supremo e inferiores israelíes, forman parte del aparato de ocupación israelí, que con su filosofía sionista considera la supremacía de unos sobre la población palestina y árabe en general. Hace unos días eran despedidos unos trabajadores árabes israelíes de los ferrocarriles simplemente por ser de origen árabe para dar esos puestos a veteranos judíos.

El auto del juez Andreu en contra de las aspiraciones de la fiscalía (y del Ministerio de Asuntos Exteriores del Sr Moratinos) señala tres cosas, Gaza es un territorio ocupado sobre el cual Israel no tiene jurisdicción preferente; que no existido, ni existe procedimiento judicial independiente de las simples y oportunistas declaraciones militares; y que éstas responden a la política ejecutiva de Israel en sus acciones de ocupación.

Los actos criminales que comete Israel nunca han sido judicializados con garantías en Israel, ni se han logrado sentencia alguna. El último ejemplo es su autoexoneración de los crímenes del ataque a Gaza de este mes de enero y su determinación de defender a todos los ejecutores de esos crímenes en cualquier tribunal internacional, aunque sea con eliminación de pruebas y testimonios.

Después de este Auto, la Acusación Popular considera que la Fiscalia deje de ser el paraguas de la Embajada de Israel y que acometa su labor de apoyo a la justicia y contribuya a hacer posible la impartición de justicia y la vigencia de la jurisdicción universal."

Más información en la web del CSCA



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