En enero de 2009 se desveló el entramado de corrupción que se había fraguado en el seno de YFFB bajo la dirección de Santos Ramírez. Desde la alta gerencia de la petrolera nacionalizada se habian impulsado contrataciones irregulares a empresas fantasma, cobros de comisiones ilegales, la adquisición y alquiler de maquinaria y vehículos con sobreprecios o la recaudación de "contribuciones" de los trabajadores al partido que nunca llegaron a las arcas del MAS.

Durante los tres años que siguieron a la nacionalización de YPFB la contratación masiva de personal no cualificado aumentó la plantilla de la petrolera de 40 a 1557 trabajadores: el tráfico de puestos de trabajo y la elevada proporción de personal vinculado a funciones administrativas eran síntomas de esta mala gestión de los recursos humanos. Simultáneamente, la petrolera carecía de presupuestos operativos, de planificación y control de la información o incluso de información contable.

Una vez hubo estallado el escándalo el MAS actuó con rapidez y, citando a Antonio Rodríguez Carmona, "las medidas tomadas por el Gobierno son útiles e inéditas, pero el reto es aún mayor. Está en juego la construcciónde un modelo viable de gestion pública. Y eso es un contexto adverso para países periféricos como Bolivia."

Un mes y medio después de que se destapara la trama el nuevo presidente de la petrolera anunció el recorte de plantilla, la implantación de un sistema integral de contabilidad, la implantación de mecanismos transparentes de contratación de bienes y servicios y la adopción de una nueva política de captación de personal dirigida a despolitizar la institución.

Aún así, el mayor reto sigue siendo reforzar el control social de YPBF, al que han llamado "vigilancia social permanente". Surge entonces la pregunta: ¿qué institución, organización o entidad está capacitada para realizar esta tarea de control? ¿Las ONg’s? ¿Los movimientos sociales? ¿Los centros de investigación?

"La transparencia se revela como una condición necesaria, aunque no suficiente, para fiscalizar la gestión pública", pero sin información esta tarea se convierte en imposible. Sobre todo si el grueso de la información generada por YPFB está desactualizada o coquetea con la propaganda gubernamental.

"Ciertamente, está en juego la construcción de un modelo viable de gestión pública, tanto en los ministerios como en las empresas nacionalizadas". Y si tenemos en cuenta la situación global, YPFB no deja de ser una pequeña empresa frente a los gigantes del sector hidrocraburífero. "¿El equilibrio pasará por conciliar austeridad y competencia profesional? ¿Cómo dotarse de de capital y tecnología? ¿Con qué apoyos y alianzas? ¿Cómo medir la "rentabilidad" de una empresa pública?" El desafío ante el que se encuentra el Gobierno boliviano es enorme.

Antonio Rodríguez-Carmona es economista y fue el coordinador de la investigación "¿Responsabilidad corporativa o derechos sociales? Un análisis de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia", publicada por ACSUR y CEDIB en 2008.

Documentos adjuntos

• Artículo completo publicado en Le Monde Diplomatique (PDF - 28.6 KB)