El Salvador: La justicia española investigará el asesinato de jesuitas en 1989

Los militares serán investigados por "asesinatos terroristas" y "delitos contra el derecho de gentes", que protege a los extranjeros internacionalmente protegidos por un tratado.

Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, ha admitido la querella presentada el 13 de noviembre de 2007 por dos organizaciones de derechos humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (EEUU).

El ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani, también denunciado por estas asociaciones, por "encubrir" el crimen perpetrado por el ejército salvadoreño, no será investigado, añadieron.

En su auto, el juez considera que "no ha lugar" la acusación contra Cristiani porque "además de carecer de base indiciaria, no se le ha imputado participación en crímenes terroristas o de otra naturaleza de persecución universal, sino un supuesto delito de encubrimiento".

El magistrado también solicita el envío de una comisión rogatoria a El Salvador para solicitar información sobre las actuaciones judiciales sobre estos actos en el país centroamericano y tomar distintas declaraciones, entre ellas, a "Belisario Amadeo Artiga, ex fiscal general de la República y al juez Ricardo Zamora", que llevaron a cabo el juicio por este caso en El Salvador.

Las asociaciones de derechos humanos acusan a los demandados de "crímenes contra la humanidad" y de "terrorismo de Estado", y su querella se basa en el principio de justicia universal, que permite a los tribunales españoles perseguir crímenes de lesa humanidad en todo el mundo.

La APDHE consideró este martes que la decisión del magistrado español "supone un paso adelante en la lucha contra la impunidad, el reconocimiento del derecho a la tutela judicial de las víctimas y complementa todos los esfuerzos de la sociedad salvadoreña para el enjuiciamiento de los responsables de los horrendos crímenes cometidos en la década de los ochenta".

El 16 de noviembre de 1989, miembros del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño asesinaron en San Salvador a los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), y al vicerrector, Ignacio Martín Baró, a otros tres religiosos españoles y uno salvadoreño, y a una trabajadora doméstica y su hija.

Los militares acusados en la querella son los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles Inocente Orlando, Francisco Elena Fuentes y Guillermo Alfredo Benavides, ya juzgado en El Salvador por estos crímenes.

La denuncia también incluye a los tenientes Carlos Camilo Hernández, José Ricardo Espinoza y Gonzalo Guevara, así como los sargentos Antonio Ramiro Avalos y Tomás Zárpate, el cabo Ángel Pérez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra.

Por el crimen, que conmovió a la comunidad internacional, fueron juzgados nueve militares, entre ellos el director de la Escuela Militar de San Salvador, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, culpado de todos los crímenes y condenado a 30 años de cárcel.

Benavides fue liberado el 1 de abril de 1993 tras promulgarse la ley de amnistía que perdonó todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).

Tras la presentación de la querella en Madrid, el presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, declaró que Cristiani "no tiene absolutamente nada que ver" en el crimen y garantizó al ex presidente "todo el apoyo" de su gobierno.

Por su parte, el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz, manifestó su temor de que la apertura en España de una investigación de Cristiani no ayude "en el proceso de reconciliación interno".

El presidente salvadoreño afirma que el juicio no ayuda a la democracia

El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, defendió la actuación del ejército durante la guerra civil (1980-1992) y dijo que la decisión de la justicia española de investigar a 14 militares salvadoreños por el homicidio de seis sacerdotes y dos mujeres en 1989 no ayuda al "desarrollo democrático del país".

"Los militares defendieron en aquel momento al país de una agresión comunista. Y yo creo que este tipo de acciones (apertura de juicio en España) aunque la respeto, en nada contribuyen al desarrollo democrático del país", comentó Saca durante una rueda de prensa.

Saca también defendió la gestión del ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), cuyo procesamiento como encubridor de los crímenes de los religiosos fue desestimado por la justicia española, y lo calificó como "estandarte de la paz", a la vez sostuvo que "los países se administran para adelante, se administran viendo el futuro".

Saca insistió que "lamento mucho (el homicidio de los sacerdotes) pero creo que la gente que integró el alto mando (del ejército), en aquel momento, estaba defendiendo la soberanía, frente a un ataque comunista; gracias a Dios lo hicieron, sino este país estuviera en una situación muy delicada".

"No hay que olvidarse, que en El Salvador, el caso de los jesuitas, es un caso que se juzgó y se condenó a un grupo de militares, que posteriormente fueron amnistiados, porque hubo una ley de amnistía que era necesaria, a la par de los Acuerdos de Paz", enfatizó.

Saca recordó que también se aprobó una ley de "reconciliación" para que los miembros de la otrora guerrilla izquierdista no fueran perseguidos penalmente "por los crímenes que cometieron muchos de ellos durante la guerra".

"Después de los Acuerdos de Paz, se aprobó la ley de amnistía para los militares. Me parece justo, que ambos bandos que participaron en esta guerra, salieran favorecidos", indicó Saca.

No obstante, organizaciones de derechos humanos de El Salvador celebraron la decisión de la justicia española.

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