Ha pasado un mes desde que la tragedia golpeó a Haití. Miles de personas, entidades sociales e instituciones de todo el mundo trabajan desde entones para apoyar la ayuda de emergencia y de reconstrucción del país. Varias ONG y organizaciones de la sociedad civil que han colaborado en estas tareas, denuncian en un comunicado la militarización de la ayuda en Haití. Además exigen la cancelación de la deuda externa y que la ayuda de construcción sea de calidad, desligada de intereses comerciales.
Entre estas organizaciones se encuentran ACSUR-Las Segovias, Cooperacció, Ecologistas en Acción, Entrepobles, IEPALA, ¿Quién debe a quién? (QDQ), Mundubat, Observatorio de la deuda en la Globalización (ODG), Ospaaal Solidaridad, Paz con Dignidad, Veterinarios sin Fronteras, Plataforma 2015 y más. Todas ellas muestran una "profunda preocupación" por algunas cuestiones relacionadas con el despliegue de la ayuda de emergencia y las tareas de reconstrucción.
En primer lugar, critican la militarización del país a través de la ayuda humanitaria. Según ellos, se trata de una "falsa respuesta al desastre" en la que están implicados el Ejército de Estados Unidos (qué tiene planeado desplegar un total de 16.000 militares en la zona), la Unión Europea (6.000 efectivos) y otros cuerpos militares (Naciones Unidas ha anunciado que 3.500 cascos azules se sumarán a los 9.000 que ya forman parte de la Misión para la Estabilización de Haití, la MINUSTAH, que ocupa el país desde 2005), a los que además debemos añadir otros contingentes como los 2.000 soldados de Canadá o los cerca de 2.000 de Brasil.
Para las organizaciones que denuncian estas actividades, esta presencia militar en Haití se ha desplegado a partir de decisiones unilaterales de los diferentes países "sin una misión clara, sin rendir cuentas sobre el mando bajo que operan y, lo que es más grave, sin que el pueblo o las instituciones haitianas lo hayan solicitado". Asimismo, cuestionan el papel de liderazgo y control que se ha otorgado el ejército de los Estados Unidos que, en su opinión, no sólo es del todo ilegítimo, sino que está entorpeciendo gravemente las tareas de ayuda de muchas ONG, poniendo en peligro la vida de los millones de afectados/as por el terremoto.
Por otro lado, subrayan la necesidad de valorar el tipo de ayuda de emergencia y la forma en la que se entrega, velando por la dignidad de las personas. Así, "se debe prestar especial atención a mujeres, niños y niñas, que se han visto en una situación de vulnerabilidad y discriminación en muchas de las formas de entrega escogidas por los organismos internacionales", añaden.
Según explican en el comunicado, la sociedad haitiana, sus organizaciones, movimientos sociales y representantes estatales deben ser los agentes protagonistas en el reparto de la ayuda y la reconstrucción del país. "Deben ser los primeros que sean escuchados y contar con la última palabra. De hecho, la cooperación sólo puede ser efectiva si cuenta con este compromiso y con la plena participación popular", observan.
Las organizaciones insisten en la importancia de que los recursos ofrecidos por la Comunidad Internacional estén desligados de los intereses comerciales de los países donantes. Según ellos, estos recursos deben ser verdaderas donaciones, no préstamos, de forma que no generen endeudamiento de nuevo.
En este sentido, opinan que el Gobierno español debería renunciar explícitamente al uso de instrumentos como los créditos FAD, fondos reembolsables y vinculados a la compra de bienes y servicios españoles, que se utilizaron en otras emergencias como las generadas por el huracán Mitch en Centroamérica o el tsunami en el Sudeste asiático.
Finalmente, para garantizar un futuro para el pueblo haitiano libre de la explotación y la dominación que ha sufrido hasta ahora, creen que harán falta, no sólo recursos y ayuda humanitaria, sino una reversión profunda de las relaciones comerciales, financieras y políticas con el país, es decir, una ayuda e inversión política.
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