El viernes 2 de diciembre de 2011 la Presidenta de Castilla-La Mancha, Doña Maria Dolores Cospedal anunció su voluntad de eliminar para el 2012 los fondos que el gobierno regional venía dedicando a la lucha contra la pobreza. De cumplirse estas medidas, la ayuda oficial al desarrollo en Castilla La Mancha pasaría de casi 40 millones en el 2010 a desaparecer por completo en el 2012. Por eso, las 56 organizaciones que componemos la Coordinadora de ONGD’s de Castilla-La Mancha lanzamos una campaña en defensa de la cooperación descentralizada en nuestra región.

Esta campaña se ha centrado principalmente en la recogida de firmas de las ciudadanas y ciudadanos expresando su voluntad al Gobierno de Castilla-La Mancha de que se mantenga el compromiso con la cooperación al desarrollo especialmente ahora en tiempos de crisis; porque la ayuda oficial al desarrollo no es un lujo para tiempos de bonanza, ni una limosna para cuando las arcas están llenas. Es una necesidad vital para millones de personas, cuyas vidas penden de nuestros compromisos de solidaridad y responsabilidad.
En estos tiempos adversos para los países como el nuestro o nuestra región; es fácil revestirnos de un discurso autocomplaciente; y pensar que primero tenemos que solucionar la situación en nuestro país y cuidar de nuestra ciudadanía empobrecida; olvidándonos de la situación de profunda inseguridad que se viven en otros países. Miles de personas que no pueden disfrutar ni de las necesidades más básicas que a nosotras nos asisten como una un sistema de salud universal gratuito; una red educativa pública, gratuita y obligatoria; un subsidio de desempleo o cadenas de familiares y amigos que nos apoyan.
Pero cuando caemos en este discurso olvidamos las razones que hacen que hoy estos países estén más empobrecidos que el nuestro; olvidamos que nuestros hábitos de consumo son responsables de su empobrecimiento, olvidamos que nuestra empresas extractoras son responsables de su empobrecimiento; olvidamos que muchas empresas les usan como mano de obra barata para fabricar los productos que consumimos; olvidamos que nuestra empresas son las que especulan con los alimentos más básicos buscando inversiones más seguras. En definitiva, olvidamos que la ciudadanía “desarrollada” somos responsables de su situación de vulnerabilidad de las personas empobrecidas.
Es por ello, que la Ayuda Oficial al Desarrollo no es una limosna ni un mero acto de solidaridad; sino de responsabilidad ciudadana y de desarrollo y crecimiento global. Porque cuanto más protegidos y desarrollados estén estos países, mas justas serán las relaciones de intercambio; menos serán las empresas que huyan buscando menores costes de producción y mayor bienestar habremos alcanzado la ciudadanía global.
La lucha contra la pobreza en el mundo ha sido siempre una exigencia de la sociedad española en general, y de la sociedad Castellano-Manchega en particular. 3 de cada 4 españoles consideran la pobreza y la desigualdad como el principal problema del mundo . Por otro lado, la partida de cooperación internacional es muy pequeña si la comparamos con el total del presupuesto de la Junta de Castilla-La Mancha siendo sólo un 0,52%. Igualmente, el recorte que sufre la ayuda al desarrollo es desproporcionado; porque mientras que el resto de las partidas sólo sufren una descenso del 19% como media, las cooperación lo sufre del 100%.
Si lo miramos por el lado de los ingresos, esta reducción se podría compensar con la aplicación del impuesto del patrimonio o con la recaudación del impuesto del tabaco que es 15 veces superior a lo que se destina de ayuda contra la pobreza. Para la sociedad castellano-manchega la lucha contra la pobreza supone 18 euros anuales; con los cuáles se podría vacunar a 220.000 niñas y niños del sarampión o el tratamiento para el VIH-Sida para 100 enfermos durante un año.
Es injusto atribuir el endeudamiento de la Junta a la Cooperación al Desarrollo. Pero es más injusto que nos olvidemos que las personas van primero y que son el centro de las políticas públicas, no los mercados o los bancos; sino las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social. Ya sea en nuestra región, en nuestro país o en aquellos países de los que nos abastecemos. Por eso compromete al gobierno de Castilla-La Mancha en la erradicación contra la pobreza para que cumpla nuestra ley de cooperación.
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