“Amnistía Internacional, la Red Euro-Mediterránea de Derechos Humanos (REMDH) y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (un programa conjunto La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenan los intentos de las autoridades argelinas de silenciar a las familias de las víctimas de desaparición forzada disolviendo las dos últimas protestas semanales pacíficas. Las organizaciones piden a las autoridades que permitan a las familias de las víctimas de desapariciones forzadas llevar a cabo protestas pacíficas sin temor a represalias, y que respondan a sus legítimas exigencias de verdad, justicia y reparación adecuada.

El 11 de agosto, agentes del orden impidieron a unos 40 familiares de víctimas de desaparición forzada y sus partidarios la celebración de una protesta pacífica frente al organismo oficial de derechos humanos, la Comisión Nacional Asesora para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CNCPPDH)) en Argel. Las autoridades no proporcionaron a las familias ninguna razón oficial para impedir su manifestación pacífica, simplemente declararon que estaban siguiendo "órdenes de arriba".

Las familias de víctimas de desapariciones forzadas han estado reclamando durante años que las autoridades revelen el destino y el paradero de sus familiares, que desaparecieron después de ser detenidos por los miembros de las fuerzas de seguridad durante el conflicto interno de los años 90. Han estado llevando a cabo protestas pacíficas frente a la CNCPPDH, y su predecesor, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos (Observatoire National des Droits de l’Homme), casi cada miércoles desde 1998.

Tras la negativa de las autoridades argelinas para que las familias realizaran una protesta similar el pasado miércoles, como ha sido habitual a lo largo de doce años, algunos activistas participaron en solidaridad en la protesta del 11 de agosto. Entre ellos, al menos cuatro defensores de los derechos humanos de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (Ligue Algérienne de la Défense des Droits de l’Homme - LADDH), incluido su líder Moustafa Bouchachi, así como el abogado de derechos humanos Amine Sidhoum.

Amnistía Internacional, la REMDH y el Observatorio están seriamente preocupados ante el hecho de que las fuerzas del orden argelinas dispersaran violentamente a las y los manifestantes empujando y golpeando al azar, según los relatos de testigos. Los informes recibidos por las organizaciones indican que funcionarios argelinos no perdonaron a las madres de mayor edad, ni si quiera a las abuelas de las víctimas de desapariciones forzadas. Los funcionarios argelinos también golpearon a numerosas personas defensoras de derechos humanos y de la abogacía, quienes trataron de intervenir para proteger a las y los familiares de las personas desaparecidas y evitar que resultaran heridos. Como resultado de la interrupción violenta de la protesta, Fatma Lakhal, la esposa de una víctima de desaparición forzada, y Farhati Hassan, miembro de la asociación SOS-Desaparecidos (SOS-Disparus), organizadores de la protesta, cayeron al suelo desvanecidos. Miembros de la policía llamaron a una ambulancia, y fueron hospitalizados durante varias horas. Después de haber interrumpido el encuentro, los funcionarios argelinos obligaron a las y los manifestantes a permanecer en un autobús que les alejó de la zona.

Amnistía Internacional, la REMDH y el Observatorio también lamentan que la policía judicial argelina arrestara y encarcelara brevemente a cuatro de las personas manifestantes en un aparente intento de intimidarlos y disuadirlos de la celebración de manifestaciones similares. Entre las personas detenidas figuran dos miembros de la LADDH, y el padre de una víctima de desaparición forzada, de 82 años de edad. Todas las personas fueron puestas en libertad varias horas después sin ser acusadas formalmente.

En vez de penalizar a las familias por reclamar la verdad sobre sus familiares desaparecidos, las autoridades argelinas deberían:

* Asegurar que defensores y defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas de desaparición forzada y otras personas puedan llevar a cabo sus trabajo en favor de los derechos humanos y expresar puntos de vista y opiniones sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a sufrir acciones intimidatorias, acoso o persecución, respetando la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones para promover y proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos);

* Llevar a cabo inmediatamente una investigación detallada, independiente e imparcial sobre las denuncias de conducta violenta por las fuerzas de seguridad contra las y los manifestantes pacíficos;

* Garantizar que los derechos a la libertad de expresión y de reunión, según lo establecido por los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Argelia es Estado Parte, sean respetados en la práctica y que no se ponga ninguna restricción indebida al ejercicio de estos derechos; y

* Llevar a cabo investigaciones detalladas, imparciales e independientes sobre la desaparición forzada de miles de personas durante el conflicto interno de la década de los 90 y llevar a los responsables ante la justicia en procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos.

Antecedentes

Hasta la fecha, las autoridades argelinas han fallado al afrontar el legado del conflicto interno de los años 90, cuando las fuerzas gubernamentales se enfrentaron a los grupos armados después de la cancelación de las elecciones de 1992 legislativas, ganadas por el Frente Islámico de Salvación. El conflicto se vio empañado por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas tanto por las fuerzas de seguridad como por los grupos armados. Durante el conflicto, miles de personas fueron víctimas de desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad argelinas. Las autoridades argelinas no han llevado a cabo investigaciones sobre estas desapariciones y los autores aún no se han llevado ante la justicia.

En septiembre de 2005, se aprobó en referéndum una Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional. El documento marco negó que las fuerzas de seguridad hubieran sido responsables de miles de desapariciones forzadas, aunque se prometió a las familias de las y los desaparecidos compensación y reconocimiento como "víctimas de la tragedia nacional". El decreto de aplicación de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional de febrero de 2006 garantiza inmunidad judicial a las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado y amenaza con hasta cinco años de prisión a las víctimas y sus familias, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, y cualquier argelino o argelina que documente, proteste o realice un comentario crítico sobre la conducta de las fuerzas de seguridad durante los años del conflicto interno.

Las autoridades argelinas deniegan el registro legal de asociaciones que representan a las familias de las víctimas de desapariciones forzadas, lo que les impide llevar a cabo su trabajo de derechos humanos y les expone a los riesgos de persecución, intimidación y acoso.

13 agosto 2010"

Comunicado original en inglés.

Comunicado original en francés.