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La Plataforma 2015 y más, integrada por 15 OND progresistas entre las que se encuentra ACSUR-Las Segovias, se ha adherido a la convocatoria sindical de Huelga General prevista para el próximo 29 de septiembre, y ha emitido un comunicado en el que “llama a la movilización ciudadana para exigir una rectificación en las políticas con que el Gobierno pretende hacer frente a la crisis económica y financiera”.
El pasado 28 de julio, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que declaraba el acceso al agua potable y a los servicios sanitarios básicos como un derecho humano fundamental. Esta histórica resolución constituye, sin lugar a dudas, un avance en el reconocimiento efectivo de este derecho para todas las personas, y un paso más en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecían reducir a la mitad en 2015 la proporción de personas sin acceso a fuentes de agua segura. Como organización entre cuyos principales sectores de intervención se encuentra la Soberanía Alimentaria, ACSUR reivindica y trabaja por el derecho de los pueblos al pleno acceso al agua, segura y de calidad, como elemento clave en el proceso de desarrollo y como derecho humano.
ONG, sindicatos y un millar de organizaciones sociales entre las que se encuentra ACSUR-Las Segovias critican con dureza el plan de ajuste del gobierno y plantean nuevas vías más justas y solidarias para la salida de la crisis. La plataforma Alianza española contra la pobreza reclama otras soluciones al gobierno mediante este manifiesto.
Los créditos FAD y los seguros a la exportación CESCE son las dos herramientas generadoras de deuda externa en el estado Español. La campaña ¿Quién debe a Quién? lleva años luchando para su eliminación y ha presionado políticamente ante las propuestas de Leyes presentadas por el Gobierno español en el Congreso de los Diputados para la reforma de FAD y CESCE. Tras la reciente aprobación de la Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa Española, ¿QDQ? publica este informe que queremos apoyar desde ACSUR.
Tras las presiones ejercidas por parte de la sociedad civil, el Gobierno ha cumplido con las demandas exigidas por numerosas organizaciones sociales y 82 ayuntamientos. La campaña estatal ¿Quién debe a quién? Ha promovido este movimiento que apremió al ejecutivo español a que ejecutase sin condiciones la cancelación de la deuda haitiana después del terremoto.
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