Ofensa a la humanidad
Un genocidio como el ocurrido en Guatemala es una ofensa a la humanidad. Su esclarecimiento y su condena hacen el mundo más justo. Han pasado más de diez años desde que se iniciaron en Guatemala (2000 y 2001) y en España (1999) los procesos por graves crímenes internacionales, GENOCIDIO Y CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD, contra los altos cargos policiales y militares de los gobiernos militares de Lucas García y Ríos Montt, que llenaron el país de fosas comunes y personas desaparecidas y torturadas entre 1980 a 1984.
Concentración de denuncia a las inversión de las empresas españolas en Perú
El jueves 26 de enero ha tenido lugar una concentración a la entrada del evento “Invertir en Perú”, organizado por los diarios El País (España) y La República (Perú) y financiado por BBVA, Telefónica y Repsol. Con el lema “No a la inversión (invasión) de las transnacionales”, varias personas concentradas en la entrada del Casino de Madrid (C/ Alcalá, 15) han entregado a Ollanta Humala un documento en el que se denuncian los fines del citado evento, el abuso de poder que ejercen empresas multinacionales y gobiernos explotando los recursos naturales y culturales de pueblos como el peruano y los acuerdos comerciales entre la UE y Perú.
Guatemala: Ríos Montt rendirá primera declaración por genocidio
Después de más de once años de que supervivientes del conflicto armado en Guatemala interpusieran una querella por genocidio y delitos de lesa humanidad contra el alto mando militar del gobierno de facto de Efraín Ríos Montt (1982-1983, la justicia empieza a dar señales de esperanza para las víctimas y la sociedad guatemalteca en general. La Jueza Carol Patricia Flores, del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo, citó a rendir su primera declaración al general Efraín Ríos Montt en relación a los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad por los cuales ha sido investigado.
La Indignación por la subvención a REPSOL YPF se multiplica
En las últimas semanas, la indignación ante la subvención concedida a REPSOL YPF por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, se ha propagado como una mancha de aceite. La causa de la indignación es la perversión de la cooperación al desarrollo por parte de la máxima institución española con competencias en la materia, con el fin de lavar la imagen de REPSOL YPF en Ecuador, que cuenta con numerosas denuncias de violación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, y daños graves al medio ambiente.
Cientos de migrantes subsaharianos retenidos en Marruecos y deportados a la frontera con Argelia
Desde finales del pasado mes de diciembre, cientos de migrantes subsaharianos están siendo perseguidos y detenidos por la policía marroquí y deportados a la frontera con Argelia, vulnerando todos sus derechos. El acoso constante acoso policial al que están sometidas estas personas es crítico y se solicita a la comunidad internacional algún tipo de reacción y que afronte de manera decisiva y determinante la protección de los derechos de estas personas. Durante la súltimas semanas, Marruecos ha iniciado una violenta ofensiva en varias ciudades del país contra los migrantes subsaharianos, destruyendo sus campamentos, quemando todos sus enseres y deteniendo personas indiscriminadamente sin tener en cuenta su condición de refugiados, o su situación de especial vulnerabilidad como es el caso de cientos de mujeres y niños.
Auditoría ciudadana de la deuda: ¿por qué y cómo?
Indudablemente, la cuestión del pago de la deuda pública constituye un tabú. Los jefes de Estado y de gobierno, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la prensa dominante lo presentan como inevitable, indiscutible y obligatorio. Los ciudadanos y las ciudadanas se deberían resignar a pagar la deuda pública. La única discusión posible sería sobre la forma de modular el reparto de los sacrificios necesarios para liberar los medios presupuestarios suficientes, con el fin de cumplir con los compromisos del país endeudado. Los gobiernos que pidieron los préstamos fueron elegidos democráticamente, por lo tanto sus actos son legítimos. Se debe pagar.
La auditoría ciudadana es un instrumento para eliminar este tabú. Permite que una proporción creciente de población comprenda todas las circunstancias e implicaciones del proceso de endeudamiento de su país. Una auditoría ciudadana consiste en analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país.
Activistas y juristas en defensa de los Derechos Humanos piden el fin de la impunidad en Guatemala
Los pasados días 14 y 15 de noviembre se celebró en el Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21) un seminario sobre la Lucha contra la Impunidad y Coherencia de Políticas para el Desarrollo en Guatemala organizado por la Plataforma 2015 y Más. Este seminario contó con la participación de actores clave en defensa de los Derechos Humanos y en la lucha contra la impunidad en Guatemala. Uno de los objetivos principales era posibilitar el encuentro entre organizaciones guatemaltecas con organizaciones del estado español que, a través de un enfoque de derechos, cooperan por la justicia y contra la impunidad. Adjuntamos los documentos con las ponencias y las conclusiones del seminario.
Argelia aprueba una ley represiva para las asociaciones
La Asamblea Nacional Popular de Argelia (APN por sus siglas en francés) ha aprobado, el pasado 13 de diciembre de 2011, una ley con disposiciones represivas tanto para la creación de nuevas asociaciones como para las ya existentes. La Red Euro Mediterránea de los Derechos Humanos (REMDH) y sus organizaciones miembro en Argelia (Colectivo de Familias de Desparecidos/as de Argelia, Liga Argelina en Defensa de los DDHH (LADDH)) remitieron, el pasado mes de octubre, a los diputados de la APN una carta solicitando la revisión del proyecto de ley. Sin embargo, estas asociaciones lamentan el caso omiso que se ha hecho a su petición y condenan firmemente las disposiciones de dicho texto, ya que no garantizan el derecho a la libertad de asociación e imponen restricciones importantes en la vida asociativa, especialmente sobre las relaciones de cooperación entre asociaciones argelinas y extranjeras.
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